INDUMIL alcanza el 100% de cumplimiento en su Política de Prevención del Daño Antijurídico
A través de la Resolución 426 de 2025, la entidad blinda el patrimonio público fortaleciendo la gestión del riesgo judicial en todos sus procesos de contratación pública.
Bogotá, D.C. — En el marco de la serie institucional «¡Indumil, así vamos!», la Industria Militar dio a conocer un balance sobresaliente en materia de gestión jurídica: la entidad alcanzó el cumplimiento del 100% en los indicadores, metas y objetivos fijados dentro de su Política de Prevención del Daño Antijurídico para las vigencias 2026 y 2027.
Este hito ratifica el compromiso de la organización con la planeación rigurosa, la transparencia administrativa y la protección efectiva de los recursos públicos de todos los colombianos.
🛡️ Protección patrimonial y gestión eficaz del riesgo judicial
La Política de Prevención del Daño Antijurídico se consolida como una herramienta estratégica orientada a salvaguardar los bienes y recursos de la entidad mediante la identificación temprana y el control oportuno de los riesgos litigiosos.
El Estado está en la obligación de responder cuando una persona sufre lesiones, afectaciones o perjuicios injustificados en sus bienes, derechos o patrimonio a causa de la acción u omisión de las autoridades públicas. Por ello, esta directriz preventiva busca mitigar de raíz las causas que puedan generar demandas o litigios, reduciendo sustancialmente el impacto fiscal derivado de posibles fallos judiciales desfavorables.
📋 Aplicación transversal en el ciclo contractual
Adoptada formalmente bajo la Resolución número 426 de 2025, esta política es de carácter transversal y de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, unidades productivas y colaboradores de la Industria Militar.
Su campo de acción central se focaliza en la gestión contractual de la entidad, garantizando estándares de calidad jurídica y estricto apego normativo en cada una de sus etapas:
Planeación y estructuración: Elaboración rigurosa de estudios previos y especificaciones técnicas.
Ejecución y seguimiento: Supervisión e interventoría alineadas con las buenas prácticas administrativas.
Cierre contractual: Trámite oportuno de liquidaciones o actas de cierre administrativo, en estricto cumplimiento del Manual de Contratación institucional.
"Hoy nos enorgullece anunciar una excelente noticia: actualmente la entidad ha cumplido con el 100% de los indicadores, metas y objetivos de esta política, logrando reflejar nuestro profundo compromiso con la planeación responsable y la protección de los recursos públicos."— Nicolás Medina Quiroga, profesional de la Oficina Legal de INDUMIL
Con estos resultados, la Industria Militar reafirma que la seguridad jurídica y la correcta administración de los procesos contractuales son pilares indispensables para continuar entregando soluciones estratégicas para la seguridad, la defensa y el desarrollo productivo del país.







